Tandil volvió a reclamarle a Azul que asuma los gastos por la asistencia de una familia de once integrantes trasladada a esta ciudad y que coordine su regreso seguro. La respuesta fue enviada el 27 de agosto por el intendente Miguel Lunghi a su par azuleño, Nelson Desiderio Sombra, en un conflicto que involucra a seis personas adultas y cinco menores en situación de vulnerabilidad.
La discusión comenzó luego de que el grupo llegara el 13 de agosto en un vehículo oficial de Azul y fuera dejado en el sector de la Estación de Trenes, según la reconstrucción expuesta por el Municipio de Tandil. La comuna local sostuvo que debió intervenir de urgencia con alojamiento transitorio, alimentos, vestimenta y atención sanitaria. Azul, en una nota previa, había rechazado los reclamos económicos y planteado conformar una mesa entre ambas administraciones.
En la nueva respuesta, firmada por el secretario de Legal y Técnica, Juan Francisco Macia Cantarelli, Tandil cuestionó de manera severa el procedimiento atribuido a personal municipal de Azul. El escrito sostiene que no existió aviso previo, informe social de derivación ni articulación con las áreas locales. También plantea que las manifestaciones recogidas por la Policía de Tandil deben ser consideradas en una instancia técnica, especialmente por la presencia de niños y niñas dentro del grupo familiar.
Uno de los puntos centrales de la controversia es la cantidad de personas trasladadas. Tandil afirma que fueron once —seis adultos y cinco menores—, mientras que, de acuerdo con la respuesta atribuida a Azul, se habría consignado una integración diferente. Para la comuna tandilense, esa discrepancia debe ser aclarada con documentación e informes oficiales. También pidió copia certificada de las evaluaciones que, según sostiene, deberían haber respaldado el traslado.
Tandil aceptó la mesa de trabajo propuesta por Azul, pero pidió que tenga condiciones concretas: escuchar de forma directa a los integrantes de la familia, incorporar informes de los organismos intervinientes y definir cómo se afrontarán los gastos generados por la asistencia. A la vez, advirtió que mantendrá las acciones legales iniciadas y que podría recurrir al Tribunal de Cuentas y a organismos provinciales si no hay respuesta.
La discusión no es solamente administrativa. Define qué municipio debe garantizar la asistencia de una familia vulnerable, cómo deben realizarse los traslados entre distritos y qué controles tienen que activarse cuando hay menores involucrados. La mesa técnica, aún sin fecha confirmada, será el próximo punto de una disputa que ya escaló de las notas oficiales a posibles reclamos judiciales y de control público.
La mesa técnica, aún sin fecha confirmada, será el próximo punto de una disputa que ya escaló de las notas oficiales a posibles reclamos judiciales y de control público
