Una multa de $582.000 que frenaba la renovación de una licencia en Tandil dejó de figurar en el sistema y el conductor terminó obteniendo el carnet sin pagarla. La secuencia derivó en una medida cautelar, una sentencia con costas para el Municipio y una apelación que ahora deberá analizar la Cámara de Mar del Plata.
El caso comenzó el 5 de noviembre de 2024, cuando el vecino se presentó en el Centro Emisor de Licencias ubicado en la planta alta de la Terminal de Ómnibus. Allí, al intentar renovar su licencia vencida, el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito informó una presunta infracción cometida en Misiones. Para avanzar, debía abonar $582.000.
El conductor rechazó esa exigencia y acudió a la Justicia ordinaria con una medida cautelar. Su abogado cuestionó el convenio de recaudación mediante el cual la renovación de una licencia queda condicionada por eventuales sanciones registradas en otra jurisdicción. La discusión no era menor: el planteo sostuvo que esa condición podía afectar derechos como trabajar y circular libremente.
El 3 de diciembre de 2024, el juez en lo Contencioso Administrativo de Azul, Pablo Quaranta, ordenó a la Municipalidad facilitar el trámite y exceptuar al vecino del condicionamiento previsto en el Convenio de Recaudación 4484. Pero dos días después, según expuso el Municipio al responder la demanda, las multas de Misiones ya no aparecían cargadas en el sistema informático. Se emitió entonces una boleta electrónica sin infracciones, con el cobro de la tasa de renovación, y la licencia fue entregada el 10 de enero de 2025.
La comuna sostuvo que actúa como boca de expendio y que utiliza un sistema obligatorio provisto por la Provincia de Buenos Aires, cuyos procedimientos no puede modificar. El 24 de agosto de 2026, el magistrado declaró abstracta la discusión de fondo porque el carnet ya había sido renovado, pero impuso las costas y los honorarios del abogado a la Municipalidad. Tandil apeló esa parte del fallo y la causa fue elevada a la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. La pregunta queda abierta: si el sistema puede bloquear un trámite por una multa de otra provincia, ¿quién responde cuando ese registro desaparece?
Se emitió entonces una boleta electrónica sin infracciones, con el cobro de la tasa de renovación, y la licencia fue entregada el 10 de enero de 2025
