Las universidades públicas tendrán desde este miércoles un nuevo paro de 72 horas. La medida, impulsada por federaciones docentes y acompañada por reclamos del personal no docente, exige la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%.
El conflicto vuelve a poner en pausa una parte clave de la vida universitaria: clases, trámites, actividades académicas y atención en distintas dependencias pueden verse afectados según la adhesión que resuelva cada institución y unidad académica. La convocatoria fue votada por CONADU y CONADU Histórica, dos de las federaciones docentes de mayor representación nacional.
El reclamo tiene dos frentes. Por un lado, los sindicatos cuestionan que la norma de financiamiento no esté siendo aplicada. Por otro, plantean que los salarios continúan lejos de la recomposición que consideran necesaria. Según Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, hasta ahora no hubo una comunicación del Gobierno nacional con el sector ni una nueva instancia de diálogo formal.
Carboni también señaló que el juez federal Diego Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir de manera integral una medida cautelar vinculada al financiamiento. La dirigente afirmó que, hasta el momento, el Ejecutivo no habría respondido formalmente y que los gremios no percibieron nuevos aumentos, salvo el 3% previsto para octubre sobre los haberes de septiembre.
En Tandil, donde la universidad pública forma profesionales, mueve alquileres, comercios, transporte y una agenda cultural propia, cada conflicto nacional se siente más allá del aula. La información difundida no precisa todavía el alcance concreto de la adhesión en la Universidad Nacional del Centro, por lo que estudiantes y trabajadores deberán seguir las comunicaciones oficiales de sus facultades y gremios locales.
La protesta será además la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, anunciada para el jueves 15 de octubre. La pregunta ya no es solo cuántos días habrá paro: es cuánto tiempo puede sostenerse la actividad universitaria sin una respuesta de fondo sobre presupuesto y salarios.
