La discusión no empieza ni termina en los 14 años. Con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, volvió al centro una pregunta que incomoda más que cualquier consigna de mano dura: qué hace el Estado cuando un adolescente comete un delito.
La Ley 27.801 alcanza desde este sábado a adolescentes de 14 y 15 años y reemplaza el esquema que regía desde 1980. La norma establece un sistema específico para personas de entre 14 y 18 años, prevé penas y medidas alternativas y plantea que las respuestas deben orientarse a la educación, la resocialización y la integración social.
En Tandil, esa discusión encuentra una advertencia que la jueza de Garantías del Joven, Florencia Giombini, había formulado en abril, antes de la vigencia de la reforma: “Es un error pensar que lo único que hay que hacer con los chicos que cometen delitos es meterlos presos”. Su planteo no desconoce el delito ni la necesidad de que haya responsabilidad. Pone el foco en otra cuestión: si el encierro, por sí solo, resuelve algo o apenas posterga el problema.
Según explicó la magistrada en una entrevista publicada por El Eco de Tandil, al fuero juvenil local ingresan entre 30 y 40 causas por mes. No todas llegan al Juzgado de Garantías: algunas se archivan por falta de pruebas o por la baja significación del hecho. Giombini remarcó además que Tandil presenta, en comparación con grandes centros urbanos, menos casos y situaciones de menor violencia, una escala que permite un abordaje más cercano entre Justicia, equipos técnicos y redes comunitarias.
El dato local desafía varios lugares comunes. La jueza sostuvo que los números del fuero juvenil se mantuvieron estables e incluso mostraron una tendencia decreciente desde la pandemia, sin volver a los niveles previos a 2020. También señaló que las situaciones más graves que requieren medidas severas, como una detención, son pocas. En cambio, aparecen problemas que no caben en un expediente: abandono escolar, consumos problemáticos, vínculos debilitados y dificultades para sostener tratamientos o medidas de conducta.
Giombini fue clara en un punto: pobreza, consumo o falta de escolarización no convierten automáticamente a nadie en delincuente. Asociarlos de forma mecánica puede estigmatizar a quienes ya están en una situación vulnerable. La discusión que abre la nueva ley, entonces, no es solamente cuánto castigar, sino qué prevención, salud, educación y espacios de pertenencia llegan antes. Tandil todavía cuenta con clubes, organizaciones y redes barriales que pueden ser parte de esa respuesta. La pregunta es si se las fortalecerá antes de que el problema llegue a un juzgado.
