Las fotomultas no desaparecerían, pero el negocio alrededor de ellas podría quedar bajo la lupa. El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Matías Civale, presentó un proyecto de ley para modificar el sistema de control de velocidad en la provincia y limitar la intervención de empresas privadas en tareas que, según plantea, deben permanecer en manos del Estado.
La iniciativa apunta a reformar el artículo 28 de la Ley Provincial de Tránsito 13.927. Su eje es claro: la planificación y ubicación de los radares, el procesamiento y validación de los datos, además de la emisión y notificación de las infracciones, deberían ser realizados exclusivamente por funcionarios públicos. Esas facultades no podrían delegarse en compañías privadas.
El proyecto también busca prohibir que las firmas proveedoras de tecnología cobren comisiones, porcentajes o incentivos económicos vinculados a la cantidad de multas cobradas o al monto recaudado. Para Civale, ese esquema genera una contradicción difícil de ignorar: si una empresa gana más cuando se multiplican las infracciones, el incentivo puede dejar de ser prevenir accidentes para pasar a ser recaudar.
“Las fotomultas tienen que servir para prevenir accidentes y salvar vidas, no para convertirse en un negocio de unos pocos”, sostuvo el legislador. Civale aclaró que no propone eliminar los radares ni las sanciones por exceso de velocidad. La discusión, remarcó, es quién controla, con qué criterios y bajo qué supervisión se aplica una herramienta que impacta de lleno en quienes circulan por rutas y ciudades bonaerenses.
Para Tandil, donde el tránsito cotidiano conecta barrios, accesos y rutas de la región, el debate no es abstracto. Una multa puede ser una herramienta de prevención si el control está señalizado, usa equipos autorizados y responde a criterios técnicos. Pero también despierta desconfianza cuando el sistema parece premiar la cantidad de actas antes que la reducción de conductas riesgosas.
La propuesta mantiene las disposiciones sobre señalización, notificación de infracciones y autorización de los dispositivos en caminos y rutas provinciales. Ahora deberá atravesar el debate legislativo. La pregunta de fondo queda planteada: ¿el éxito de un radar se mide por cuánto recauda o por cuántos conductores logran bajar la velocidad antes de que ocurra un accidente?
La iniciativa apunta a reformar el artículo 28 de la Ley Provincial de Tránsito 13.927