Una ley aprobada, reclamada en las calles y todavía sin aplicación efectiva: ese es el diagnóstico que difundió la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Adunce) al cumplirse un año de la sanción definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
El gremio docente sostuvo que el Gobierno nacional no cumple la norma destinada a actualizar los montos salariales de trabajadores docentes y no docentes universitarios y a sostener el funcionamiento de las casas de estudio. Según recordó Adunce, el proyecto atravesó cuatro sesiones en el Congreso, fue vetado por el presidente Javier Milei y finalmente obtuvo aprobación definitiva en octubre de 2025, luego de movilizaciones masivas en defensa de la universidad pública.
La discusión tiene una traducción directa en Tandil. La Unicen fue escenario y parte activa de las distintas convocatorias locales, con participación de estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias y vecinos. Desde la comunidad académica local se han advertido en reiteradas oportunidades las consecuencias del ajuste presupuestario sobre salarios, infraestructura, actividades de investigación y condiciones necesarias para el dictado de clases.
Adunce afirmó que el conflicto alcanza a más de 60 universidades nacionales, cerca de 2 millones de estudiantes, 160 mil docentes y 50 mil trabajadores no docentes. En su comunicado, el sindicato cuestionó que una ley votada reiteradamente por el Congreso siga sin ejecutarse y consideró que esa situación afecta tanto al sistema universitario como al funcionamiento institucional. También reclamó una definición de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que debe resolver sobre una apelación vinculada al decreto que suspendió la norma. El gremio señaló que existen una sentencia de primera instancia y una medida cautelar favorables a la inconstitucionalidad de esa suspensión.
La mirada de Adunce también está puesta en el debate del Presupuesto 2027. El planteo es que la Ley de Financiamiento Universitario quede incorporada con partidas concretas, para evitar que los recursos dependan de decisiones posteriores del Poder Ejecutivo. Para Tandil, donde la universidad es parte de la vida cotidiana, del empleo, la formación profesional y la investigación, la discusión excede los pasillos del Congreso. La pregunta sigue abierta: ¿qué margen tiene una universidad pública para planificar su futuro si los fondos aprobados por ley no llegan?
La pregunta sigue abierta: ¿qué margen tiene una universidad pública para planificar su futuro si los fondos aprobados por ley no llegan?