La discusión por las sierras volvió a encenderse: la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras de Tandil denunció que, más de 50 días después de presentar un informe con 27 casos irregulares, persisten los loteos ofrecidos y las construcciones que considera no autorizadas. El reclamo apunta también a eventuales cambios en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y a pedidos de excepción normativa que, según el colectivo, podrían profundizar la presión inmobiliaria sobre el área serrana.
La organización había difundido a fines de agosto un relevamiento de construcciones y loteos en las sierras. Ahora señaló nuevas alertas en La Porteña, donde denuncia la apertura de calles en sectores en los que la normativa vigente prohíbe edificar. También cuestionó la comercialización de terrenos linderos al sendero de las Ánimas, promocionados como área urbana pese a que, de acuerdo con la asamblea, están clasificados como zona rural.
El foco del planteo está puesto en el PDT. La Asamblea cuestiona la propuesta de modificar herramientas de ordenamiento territorial y la iniciativa de “homogeneizar Don Bosco”. Su advertencia es concreta: sostiene que quienes habrían incumplido las reglas actuales buscan modificar la norma para regularizar situaciones preexistentes o habilitar desarrollos inmobiliarios de mayor escala.
Entre los casos mencionados aparecen posibles cambios de clasificación en predios como Carba y la asignación de indicadores urbanísticos a Zonas Especiales de Interés Urbanístico. El pronunciamiento también cita declaraciones atribuidas al presidente del Auto Club, quien planteó la necesidad de una excepción que permita al predio “tomar valor”, dado que actualmente solo podría construirse una vivienda. La entidad ambiental interpreta esos pedidos como una señal de alarma; las excepciones, afirma, no deberían convertirse en una vía para flexibilizar protecciones generales.
La discusión no trata solo de mapas, lotes y papeles. Define qué paisaje tendrá Tandil, cómo se protegerán las cuencas hídricas y qué infraestructura deberá responder si la expansión urbana avanza sobre zonas frágiles. La Asamblea exige que el planeamiento se aplique de manera democrática, efectiva e igual para todos. El dato que queda sobre la mesa es incómodo: ¿las reglas territoriales se sostienen cuando limitan negocios o se reescriben caso por caso?
