Una multa de más de $5 millones al Instituto San José reabrió en Tandil la discusión sobre quién presta los servicios de vigilancia, bajo qué condiciones y cuánto cobran quienes trabajan en ellos. La sanción, según informó La Voz de Tandil, fue notificada el 28 de septiembre por la Subsecretaría de Gestión de Registros y Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad bonaerense. El monto asciende a $5.132.239 y se vincula con la contratación y usufructo de un servicio que, según la notificación citada, no estaba habilitado en la sede de avenida Gabriel Taborín 1.777.
El delegado regional de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina, Ezequiel Cabrera, dijo que el caso era previsible y cuestionó las condiciones laborales del sector. Aclaró que, de acuerdo con su planteo, la institución continúa trabajando con una empresa habilitada, aunque sostuvo que allí existirían diferencias entre lo que perciben los trabajadores y lo establecido por convenio. Esas afirmaciones corresponden al dirigente gremial y requieren contrastarse con la posición de la institución y de la empresa involucrada.
La discusión excede al colegio. Cabrera, quien junto al secretario general Ángel Alberto García integra UPSRA, describió un mercado con menor demanda de personal presencial y mayor avance de la seguridad electrónica. Según expresó, comercios y clientes optan por cámaras o monitoreo ante el costo de contratar vigiladores. También afirmó que representa a unos 200 trabajadores de Tandil, Azul, Benito Juárez, Barker y Tres Arroyos, en un contexto de caída del empleo en la actividad.
El dato que puso más tensión sobre la mesa fue su crítica al Municipio de Tandil por la contratación de cooperativas. Cabrera sostuvo que algunos custodios de ese esquema trabajan turnos de 12 horas sin franco y perciben cerca de $800.000 mensuales. Además, cuestionó la falta de capacitaciones, vacaciones y cobertura laboral que, según denunció, afecta a parte de esos trabajadores. El gremialista afirmó que el Municipio debería priorizar servicios que cumplan las reglas laborales y de seguridad; se trata de una acusación que deberá ser respondida y verificada con contratos, licitaciones y registros correspondientes.
En contraste, Cabrera estimó que un vigilador formal, sin antigüedad ni adicionales nocturnos y con una jornada de 48 horas semanales, puede cobrar cerca de $1.700.000 brutos. La distancia entre ambos números resume una discusión incómoda para Tandil: ahorrar en un servicio puede tener consecuencias sobre el ingreso, la formación y la respuesta de quienes cuidan escuelas, comercios y espacios públicos. ¿Qué controles deberían exigirse antes de elegir al proveedor más barato?
El monto asciende a $5.132.239 y se vincula con la contratación y usufructo de un servicio que, según la notificación citada, no estaba habilitado
