Un remisero de Tandil logró destrabar la habilitación de su vehículo después de que le reclamaran cerca de $200.000 por multas que, según planteó, correspondían a propietarios anteriores. Sergio Cano se acercó a esta Redacción luego de conocer un caso similar publicado el 1 de octubre, en el que la Justicia intervino ante la exigencia de pagar una infracción para obtener el carnet de conducir.
El problema de Cano estaba en la Dirección de Habilitaciones, ubicada en la planta alta de la Terminal de Ómnibus. Allí le habrían informado que debía cancelar multas viejas asociadas al vehículo para avanzar con el trámite. Para un trabajador que depende del remis para generar ingresos, el requisito no era una formalidad: era una barrera directa sobre su fuente laboral.
“Me dejan sin mi fuente de trabajo”, expresó Cano ante la imposibilidad de afrontar una erogación que consideraba ajena a su conducta como conductor. La situación llegó al abogado marplatense Nicolás Vera Prinos, quien también había intervenido en el caso difundido semanas atrás. A través de una audiencia por Zoom, se logró anular la pretensión de cobro y el remisero pudo avanzar con la habilitación.
El antecedente judicial no es menor. En una cautelar sobre un caso análogo en Olavarría, el Juzgado Contencioso Administrativo de Azul Nº 1 señaló que condicionar una licencia al pago de infracciones de otra jurisdicción puede perseguir un fin recaudatorio alejado del objetivo de la seguridad vial. En esa resolución, el magistrado Pablo Quaranta citó además criterios de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, que cuestionaron la constitucionalidad de esa exigencia reglamentaria.
La discusión de fondo es concreta: ¿puede una persona quedar sin licencia o sin habilitación laboral por deudas de tránsito que atribuye a anteriores dueños o a otra jurisdicción? Cano sostuvo que existen otros casos parecidos. Para quienes compran un vehículo usado o trabajan con él todos los días, el dato para guardar es claro: una multa que aparece en un sistema puede convertirse en un freno laboral, pero también puede ser revisada por la vía administrativa o judicial.
A través de una audiencia por Zoom, se logró anular la pretensión de cobro y el remisero pudo avanzar con la habilitación
