La Ruta Nacional 226 atraviesa Tandil, pero para miles de personas cruzarla sigue siendo una carrera contra una infraestructura que no alcanza. La Justicia Federal abrió a prueba el amparo impulsado por vecinos de Palermo, Villa Gaucho y Villa Aguirre, acompañado por la Defensoría del Pueblo local, para reclamar obras en el tramo urbano de la ruta.
La próxima instancia será una audiencia testimonial prevista para el 20 de octubre. Allí deberán aportar elementos la Defensoría y el secretario de Obras Públicas del Municipio, Luciano Lafosse. El expediente apunta a una discusión concreta: qué obras hacen falta para que una ruta nacional que quedó metida en la ciudad deje de funcionar como una barrera para quienes viven, trabajan, estudian o se mueven de un lado al otro.
Paula Lafourcade, defensora del Pueblo de Tandil, sostuvo en Radio Voz que el reclamo no se dirige solamente a la empresa concesionaria. “El responsable es el Estado”, afirmó, al señalar a la Agencia Nacional de Vialidad como el organismo que debe proyectar las intervenciones necesarias. La Defensoría participa como amicus curiae, una figura que le permite acompañar el proceso con informes técnicos y aportes de especialistas.
El dato que expone la dimensión del problema es contundente: el Municipio estima que unas 50.000 personas por día cruzan de un lado a otro de la 226. El tramo urbano recorre cerca de 18 kilómetros y tiene siete rotondas, pero el reclamo plantea que eso no resuelve las necesidades de peatones, ciclistas, motociclistas ni de quienes deben conectar barrios separados por la traza. Tampoco están terminadas las colectoras ni existen, según la presentación, pasos peatonales seguros suficientes.
Lafourcade cuestionó que los pliegos de concesión contemplen tareas de puesta en valor y algunas mejoras puntuales, pero no definan con claridad obras estructurales como ampliación de calzada, colectoras o puentes peatonales. Además, advirtió que, según las condiciones vigentes, podrían pasar al menos cinco años sin obras de fondo, mientras los flujos de tránsito crecen entre un 10% y un 20% anual, de acuerdo con lo expresado por la defensora.
La discusión no es solo sobre autos y camiones: es sobre cómo se integra una ciudad cuya ruta nacional pasa “al 100% por el medio”. La audiencia abre una etapa para traducir ese diagnóstico en pruebas y, eventualmente, en obligaciones. La pregunta que queda para Tandil es difícil de esquivar: ¿cuánto tiempo más puede una infraestructura pensada para otra realidad seguir ordenando la vida cotidiana de una ciudad que ya la desbordó?
La próxima instancia será una audiencia testimonial prevista para el 20 de octubre
