Una sociedad que, según la denuncia, quedó extinguida en 1965 volvió al centro de una disputa por 149 lotes de Villa Cordobita. Juan Pedro Martín Burs y Roberto Gastón Giove ampliaron una denuncia penal que involucra al intendente Miguel Ángel Lunghi, al presidente del Concejo Deliberante Juan Pablo Frolik, a los jueces civiles José Zárate y Francisco Blanc, además de otros particulares.
La presentación tramita bajo la I.P.P. N° 01-01-001368-26/00 ante el fiscal Ignacio Calonje. Los denunciantes, desarrolladores de Miradores de Montecristo y patrocinados por el abogado Jorge Heter, sostienen que existió un presunto fraude inmobiliario cuyo perjuicio estiman en más de 8 millones de dólares. Se trata de acusaciones en investigación, no de responsabilidades judicialmente probadas.
El planteo se concentra en 149 lotes distribuidos en 33 manzanas de Villa Cordobita, originalmente vinculados a Tandilia S.R.L. Según el escrito de los denunciantes, la firma fue creada en 1951 por un plazo de 15 años y se extinguió el 27 de julio de 1965. Afirman que, tras la disolución de la sociedad y el fallecimiento de sus socios fundadores, los terrenos debían ser considerados herencia vacante y pasar al patrimonio estatal conforme a la normativa que citan.
La denuncia cuestiona escrituras de 2004 en las que Placer Moreno habría figurado como apoderado de Tandilia S.R.L. para transferir lotes a Mario Daniel Cerviño por 100 dólares cada uno. Burs y Giove sostienen que se habría utilizado un poder falsificado y que Moreno fue empleado como testaferro. Esos extremos forman parte de la acusación y deberán ser evaluados en la investigación judicial.
El 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2026, el secretario de Asuntos Civiles de la Fiscalía General de Azul, Mariano José Ramírez, presentó un informe técnico requerido en el expediente. El material aportado para esta nota no detalla sus conclusiones, pero, tras conocerse ese dictamen, los denunciantes ampliaron la presentación e impugnaron el informe.
Frolik ya había rechazado públicamente la denuncia y la definió como una “maniobra de presión política” y un “manotazo de ahogado”. Vinculó el conflicto con el proyecto Miradores de Montecristo, cuya iniciativa urbana fue denegada por el Ejecutivo municipal. La pregunta que queda abierta es institucional: ¿qué documentación y decisiones podrá esclarecer la Justicia sobre tierras que hoy atraviesan una disputa de alto impacto para Tandil?
Se trata de acusaciones en investigación, no de responsabilidades judicialmente probadas