La Quinta de los Méndez ya está bajo la órbita del Estado bonaerense. La Provincia tomó posesión este viernes del predio ubicado en el paraje Los Laureles, donde durante la última dictadura cívico-militar funcionó un centro clandestino de detención y tortura. El paso habilita el inicio de su recuperación como espacio de memoria y promoción de los derechos humanos.
La formalización se realizó a través de un trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Azul, mientras continúa el proceso administrativo de expropiación previsto por la ley aprobada por la Legislatura bonaerense. La firma se concretó en el propio predio, ubicado en la intersección de avenida Juan Manuel de Rosas y Scavini.
Del acto participaron el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno; el oficial notificador Juan Loustalot; la abogada relatora de Fiscalía de Estado Silvina Parodi; María Nazábal, del área de Derechos Humanos de la Unicen, y Walter Fernández, sobreviviente del excentro clandestino. Para Moreno, hijo del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno —secuestrado, trasladado al lugar y asesinado en 1977—, la toma de posesión tiene una dimensión personal y colectiva. “Es un gesto reparatorio”, expresó.
El predio formó parte del circuito represivo de Tandil junto con La Huerta y las comisarías Primera y Segunda. Fue señalizado como Sitio de Memoria en 2012 y, según la documentación judicial, por allí pasó al menos una docena de personas secuestradas y torturadas. La recuperación estatal abre ahora un horizonte de trabajo de diez años para crear un Centro de la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos.
El proyecto contempla preservar la historia del lugar y sumar políticas públicas para la comunidad, con articulación prevista con la Universidad, el Municipio y organismos de derechos humanos. También se proyecta un centro de salud para jóvenes en situación de consumo. Como primer paso, se convocó a una jornada de limpieza y reacondicionamiento del predio. La discusión ya no es si Tandil debe recordar lo ocurrido: es cómo transformar esa memoria en una herramienta activa para las generaciones que vienen.
La recuperación estatal abre ahora un horizonte de trabajo de diez años para crear un Centro de la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos