El último aumento de la luz en la provincia quedó en pausa judicial, pero la discusión recién empieza. La Fiscalía de Estado bonaerense apeló el fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca que suspendió el ajuste autorizado por el gobierno de Axel Kicillof. La medida, según aclaró el juzgado, alcanza también a las más de 200 cooperativas eléctricas que prestan servicio en el interior bonaerense.
Ahora el expediente llegará a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que deberá definir si la cautelar sigue vigente o si el aumento puede volver a aplicarse. No hay, por el momento, una resolución definitiva sobre el fondo de la discusión: el punto inmediato es si corresponde mantener frenado el ajuste mientras avanza la causa.
La Provincia cuestionó el criterio judicial que consideró necesaria una audiencia pública ante cada actualización tarifaria. Su argumento es que se mezclaron dos regímenes diferentes. Por un lado, la Revisión Tarifaria Integral, prevista originalmente para el período 2017-2022. Por otro, la Etapa de Transición Tarifaria, aplicada desde 2021 tras la emergencia económica, sanitaria y energética, y vigente —según la postura oficial— hasta el 31 de marzo de 2027.
Para la administración bonaerense, los incrementos cuestionados no implican una nueva revisión integral, sino actualizaciones dentro de ese régimen transitorio. También sostuvo que los contratos de concesión y las normas que regulan esa etapa habilitan modificaciones sin convocar una audiencia pública cada vez. Además, objetó que se hayan usado como antecedentes los casos CEPIS y Negrelli, al entender que no pueden trasladarse automáticamente al esquema actual.
Las distribuidoras EDEN, EDEA, EDES y EDELAP presentaron recursos propios. Plantearon que no pueden armar por su cuenta un nuevo cuadro tarifario y advirtieron sobre un posible “cuadro híbrido”: volver atrás con componentes provinciales mientras siguen vigentes precios nacionales de energía, potencia y transporte. También señalaron que la Resolución 585/2026 fue reemplazada por la 682/2026, lo que suma otra discusión sobre el alcance concreto de la cautelar.
Para Tandil, donde cada factura de luz impacta de lleno en hogares, comercios y pequeñas empresas, la clave será seguir qué decide la Cámara y cómo se traduce esa resolución en las boletas. La pregunta de fondo queda abierta: ¿cada actualización debe pasar por audiencia pública o alcanza con el esquema transitorio que defiende la Provincia?
No hay, por el momento, una resolución definitiva sobre el fondo de la discusión: el punto inmediato es si corresponde mantener frenado el ajuste mientras avanza la causa
