Siete despidos y una oficina menos para resolver temas de salud. La sede Tandil del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) cerrará el próximo 30 de noviembre, según informó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Tandil-Benito Juárez. La decisión implica el fin de la atención presencial del organismo en la ciudad.
ATE acompañó este lunes a las trabajadoras y los trabajadores afectados luego de que se concretaran siete despidos durante el fin de semana. El reclamo no se limita a la continuidad laboral: el sindicato advierte que el cierre impactará sobre más de 6.200 afiliados y sus familias de Tandil y la región, que utilizaban la oficina para autorizaciones, medicamentos, prestaciones y tratamientos.
Hernán Gasparini, secretario general de ATE Tandil-Benito Juárez, sostuvo que se trata de una decisión con consecuencias laborales y sanitarias. “No estamos hablando solamente de siete puestos de trabajo, que por supuesto vamos a defender. Estamos hablando de una decisión política que deja a miles de personas sin una referencia cercana para resolver cuestiones vinculadas con su salud”, expresó.
Rubén Chia, delegado de ATE en IOSFA Tandil, señaló que la atención diaria incluye situaciones que requieren respuestas rápidas, especialmente por medicamentos, autorizaciones y tratamientos. Para el personal, la eliminación de la sede traslada esa dificultad a quienes necesitan gestionar su cobertura sin una ventanilla local.
Durante la jornada, representantes de ATE y del personal fueron recibidos por el bloque de concejales de La Libertad Avanza. Allí solicitaron gestiones ante autoridades nacionales para revertir el cierre y evitar nuevos despidos. Además, Guillermina Cadona, en representación del Ejecutivo municipal, comunicó el compromiso de una intervención directa del intendente Miguel Lunghi ante Nación para pedir respuestas.
La fecha ya está marcada: el 30 de noviembre. Hasta entonces, el foco estará puesto en saber si las gestiones anunciadas logran modificar una medida que, según ATE, deja sin empleo a siete personas y sin atención presencial cercana a miles de afiliados. La pregunta concreta es cómo se garantizarán esos trámites cuando la oficina ya no esté.
La decisión implica el fin de la atención presencial del organismo en la ciudad
