La deuda podrá seguir llegando, pero el hostigamiento tendría menos margen. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó cuatro proyectos orientados a proteger a consumidores que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento y morosidad. Las iniciativas deberán continuar su recorrido legislativo antes de convertirse en ley.
Uno de los proyectos modifica la Ley 13.133, que regula la protección de los intereses económicos de consumidores y consumidoras. La propuesta incorpora herramientas para contemplar específicamente los casos de personas que no pueden afrontar sus obligaciones pendientes. El foco está puesto en una realidad cada vez más visible: familias que usan crédito, cuotas o préstamos para sostener gastos cotidianos y después quedan atrapadas entre vencimientos.
Otro de los textos aprobados busca prohibir el hostigamiento y el trato indigno durante los reclamos extrajudiciales de deuda. Es decir, apunta a poner límites a las prácticas de cobranza que ocurren antes de que un conflicto llegue a la Justicia. El proyecto no elimina las deudas ni suspende los reclamos legítimos, pero plantea que el cobro no puede habilitar formas abusivas de presión.
La sesión también dio luz verde a la creación del Sistema Bonaerense de Protección frente al Endeudamiento de Consumo, el Endeudamiento Digital y las Cobranzas Abusivas. La inclusión de lo digital marca un punto central: ya no se trata solamente de la cuota del comercio o de la tarjeta, sino también de créditos ofrecidos desde aplicaciones y mecanismos de cobro que pueden multiplicarse a través del teléfono.
Además, se aprobó la creación de un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. Para Tandil, donde el movimiento comercial y el uso de financiamiento forman parte de la vida diaria, la discusión baja rápido a tierra: una compra en cuotas, un préstamo para cubrir servicios o una deuda acumulada pueden convertirse en un problema familiar. La pregunta que queda abierta es si estas herramientas llegarán a tiempo y con información clara para quienes más las necesitan.
El proyecto no elimina las deudas ni suspende los reclamos legítimos, pero plantea que el cobro no puede habilitar formas abusivas de presión
