La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó la elevación a juicio oral de la causa contra el empresario tandilense Luis María Cerone. Está imputado por tenencia ilegal de arma de guerra, una investigación que se originó tras los allanamientos realizados en abril de 2025 en propiedades vinculadas a él.
La resolución fue firmada con votos concordantes de los jueces Carlos Pagliere y Damián Cini. El tribunal ratificó lo decidido previamente por el Juzgado de Garantías N.º 2 de Tandil y rechazó los planteos de nulidad que había presentado la defensa técnica de Cerone. Esos cuestionamientos apuntaban al procedimiento policial y a la cadena de custodia del armamento secuestrado.
Con esta decisión, la causa avanza hacia la instancia de debate oral. La confirmación de la elevación a juicio no implica una condena: será el juicio el que deberá analizar la prueba reunida y determinar la eventual responsabilidad penal del imputado. Según la figura mencionada en el expediente, la tenencia ilegal de arma de guerra contempla penas de entre dos y seis años de prisión.
El expediente se desprendió de los procedimientos del 7 de abril de 2025, ordenados en una investigación que también alcanzaba al juez civil y comercial José Martín Zárate por un presunto caso de cohecho activo. En esa jornada se realizaron allanamientos en distintas dependencias y domicilios, entre ellos la vivienda de Cerone y oficinas de administración en el Paraje El Centinela.
De acuerdo con las actuaciones judiciales y policiales citadas en la causa, en esos lugares se secuestraron seis armas de fuego y una cantidad cercana a mil proyectiles de distintos calibres. La investigación sostiene que, durante el procedimiento, no se exhibió documentación que acreditara la tenencia legal del material. La UFI N.º 12 de Tandil intervino y dispuso el secuestro de los elementos.
El caso vuelve a poner bajo atención pública una causa que nació en un operativo de gran escala y que ahora suma una definición clave: las objeciones de la defensa fueron rechazadas y el expediente deberá atravesar el juicio oral. Quedará por delante conocer cuándo se fijará esa audiencia y qué prueba llevará cada parte al debate.
La confirmación de la elevación a juicio no implica una condena: será el juicio el que deberá analizar la prueba reunida y determinar la eventual responsabilidad penal del imputado