Un odontólogo de Tandil fue condenado en primera instancia a indemnizar a una paciente de 77 años por un tratamiento de implantes que, según la sentencia, quedó incompleto y presentó prestaciones defectuosas. El Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Tandil fijó un resarcimiento de $15.473.000 y US$8.224. La resolución fue apelada, por lo que todavía no está firme y será revisada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial con asiento en Azul.
El fallo fue dictado el 8 de julio de 2026 por el juez Sebastián Sarde. La demanda había sido iniciada en mayo de 2019 y se vinculaba con un tratamiento comenzado en 2013, que incluyó la colocación simultánea de implantes en ambos maxilares en agosto de 2014. De acuerdo con lo analizado en el expediente, la paciente quedó con una prótesis superior mientras que la rehabilitación definitiva del maxilar inferior permaneció pendiente.
En sus fundamentos, el magistrado consideró que no solo no se colocó la prótesis inferior definitiva, sino que las prestaciones efectuadas fueron defectuosas y se apartaron de las reglas del arte y de la diligencia profesional exigible. Uno de los puntos centrales del caso fue la falta de documentación clínica aportada al expediente.
Según la sentencia, pese a haber sido intimado a presentar historia clínica, comprobantes de pago, estudios radiográficos y datos sobre materiales y mecánico dental, el profesional entregó una ficha odontológica y un registro de etiquetas de ocho implantes de titanio. El juez entendió que la ausencia de historia clínica constituía una presunción y un serio indicio en contra del demandado.
La resolución también valoró la atención posterior de otro odontólogo, quien registró dolores alternantes, halitosis persistente, infecciones crónicas, dificultades para hablar y masticar, además de problemas en la posición de algunos implantes. El tratamiento correctivo requirió retirar implantes, realizar una intervención para recuperar volumen óseo y colocar nuevos implantes.
Del total reconocido, $15 millones corresponden al daño moral. También se contemplaron gastos del tratamiento correctivo, consultas y estudios. La aseguradora planteó la prescripción del reclamo, pero ese argumento fue rechazado. Además, el fallo ordenó actualizar el límite de cobertura de la póliza mediante el IPC. La decisión queda ahora sujeta a la revisión de la Cámara de Azul.
La decisión queda ahora sujeta a la revisión de la Cámara de Azul
