Seis viviendas terminadas de un total de 22 en un programa lanzado en 2022: ese fue el número que encendió la discusión sobre la política habitacional municipal en el Concejo Deliberante. El bloque de Fuerza Patria anticipó un pedido de informes por la marcha del programa de autoconstrucción “Tandil Soñado”, mientras el oficialismo rechazó que el planteo fuera una crítica constructiva y contrapuso las demoras del desarrollo habitacional de Sans Souci, a cargo de la Provincia.
El barrio está ubicado en La Movediza, sobre dos manzanas cedidas por el Municipio entre las calles Salta, Azucena, Alvarado y Paseo de los Niños. Según se expuso en el recinto, seis de las 22 casas fueron concluidas y otras tres están en ejecución. El proyecto tiene una particularidad central: gran parte de quienes construyen son madres que sostienen solas sus hogares, una condición que atraviesa los tiempos reales de obra y la disponibilidad de mano de obra.
Marcelo Valle, de Fuerza Patria, cuestionó la demora y pidió conocer cómo controla el Municipio el avance del programa, qué ocurrió con las empresas que participaron y por qué las viviendas tardan tanto en completarse. “Entendemos la crisis y los problemas económicos”, sostuvo, aunque reclamó un Estado presente y eficiente. Su posición fue que, para evitar demoras, puede resultar más sincero que el Estado ejecute directamente las viviendas.
La discusión subió de tono cuando Juan Salceda, del radicalismo, calificó el planteo opositor como “mezquino” y mencionó las obras demoradas en Sans Souci. Rogelio Iparraguirre respondió que una crítica debe poder ser aceptada para mejorar la gestión. María Condino, del oficialismo, agregó que en muchos casos las familias no cuentan con alguien que pueda acompañarlas en las tareas de construcción y adelantó que también impulsará un pedido de informes sobre Sans Souci.
Después del cruce político, hubo una decisión concreta: el Concejo aprobó por unanimidad la autorización para contratar mano de obra calificada destinada a terminar seis casas del programa. El Ejecutivo prevé destinar $69.700.000 al único oferente, Franco Peralta. La discusión ya no pasa solo por quién demoró más: pasa por saber si el nuevo contrato logra destrabar obras que para muchas familias no son una estadística, sino la posibilidad de tener casa propia.