La Ley de Financiamiento Universitario ya no puede quedar congelada por una cláusula del Ejecutivo. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar al amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades públicas y gremios docentes, y ordenó adoptar las medidas necesarias para aplicar de manera efectiva la Ley 27.795.
El fallo, firmado por el juez Martín Cormick, declaró inconstitucional la condición incorporada en el Decreto 759/2025, que había supeditado la ejecución de la norma a las previsiones de la Ley de Administración Financiera. Para la Justicia, esa cláusula operaba en los hechos como un obstáculo para que una ley aprobada y luego ratificada por el Congreso entrara plenamente en vigencia.
El recorrido del conflicto explica la dimensión de la resolución. La Ley 27.795 fue sancionada en 2025 para establecer mecanismos de financiamiento de la educación universitaria. El Poder Ejecutivo la vetó mediante el Decreto 647/2025, pero Diputados y Senadores rechazaron ese veto con las mayorías requeridas. Cuando finalmente fue promulgada, apareció la cláusula que ahora fue invalidada judicialmente.
Para Tandil, el fallo tiene una traducción concreta: la UNICEN queda incluida en un esquema que abarca recursos para funcionamiento, salarios, becas e investigación. La sentencia también incorporó acuerdos alcanzados en junio de 2026 entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios docentes y nodocentes: una actualización salarial del 24,33% en dos tramos, una recomposición del 20% en gastos de funcionamiento, 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
El rector de la UNICEN, Marcelo Aba, calificó la decisión como “muy importante” para todo el sistema universitario y para la universidad local. Señaló que la cautelar ya había recorrido su camino y que ahora la sentencia aborda la cuestión de fondo: la aplicación integral de la ley. El próximo capítulo no depende de otro anuncio, sino de que el Ejecutivo reglamente y ejecute lo ordenado. La pregunta es cuánto tardará esa decisión en sentirse en las aulas, los laboratorios, las becas y las cuentas cotidianas de la universidad pública.
El próximo capítulo no depende de otro anuncio, sino de que el Ejecutivo reglamente y ejecute lo ordenado
